El reto haitiano en República Dominicana: Posición y propuestas del CONEP ante la presencia en el país de inmigrantes haitianos y de sus descendientes. Santo Domingo, 1 de septiembre 2008
I. Antecedente
El tema haitiano es prioritario en la agenda nacional. No puede seguir siendo desconocido, tampoco desatendido. Haití, concomitantemente con los Estados Unidos, es la nación a la que debemos prestar mayor atención, no sólo porque compartimos ecosistemas, tenemos una frontera común y un significativo intercambio comercial con esa nación, sino también de manera más perentoria por la masiva inmigración anual de jornaleros haitianos al país.
Los indicadores en la nación hermana son alarmantes. Haití poseía en 1994 un área forestada de apenas el 5% de su superficie total, es decir, 6 veces menos que el promedio del 32% correspondiente al grupo de los países menos adelantados al que pertenece en la clasificación de Naciones Unidas.
El porcentaje de consumo de combustibles tradicionales, –leña, carbón bagazo, desechos animales y vegetales—, en una situación de agudos problemas de deforestación, de erosión de los suelos y de escasez de agua, se mantenía en 1993 en los mismos niveles que 20 años antes; esto es, 86% como porcentaje del consumo global de energía, mientras el consumo de energía doméstica procedente de la leña representaba, en 1990, el 72% del consumo total.
La degradación del sistema de los recursos naturales renovables de la parte occidental de la isla Hispaniola se refleja y sólo es superada por las condiciones de vida de la población.
Haití cuenta con una población estimada similar a la dominicana, ligeramente inferior a los 9 millones de habitantes y de hecho, son los más pobres del hemisferio occidental. En 1997 ocupaban ya la posición 156 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, perteneciendo al grupo de países menos desarrollados, con un PIB per cápita real de US$896.00 y una esperanza de vida al nacer de 54 años. Se estima que su población, mediante una tasa de crecimiento anual de 1.9, está llamada a duplicarse en el año 2031.
Tal deterioro en las condiciones de vida se ven reflejados en la inseguridad alimentaria del hermano país. El descenso de la importancia relativa del sector agrícola, que en los años ochenta representaba el 38% del PIB, está vinculado, no a una modernización industrial de la economía, si no a la liberalización, a los efectos del embargo sobre la producción de artículos exportables y al abandono de la política de desarrollo rural. Ya a principios de la década de los 90, el sector agropecuario haitiano experimentó un decrecimiento anual del 1%. No obstante la pérdida de importancia del sector, la población sigue siendo esencialmente rural, y el sector sigue empleando además casi el 45% de la mano de obra activa, lo que implica un empobrecimiento acelerado de la población.
En esas condiciones, la producción comienza a ser demasiado escasa para atender las necesidades alimentarias de la población. Estas necesidades terminan siendo parcialmente cubiertas por las importaciones (US$211,000 en 1995 y US$279,000 en 1999), y en nuestros días la carestía de los alimentos y la hambruna de la población estalla en las calles de las principales poblaciones del hermano país.
Resulta comprensible que, en un contexto de agudo deterioro de los recursos naturales y productivos, y de la creciente pauperización de la población, el orden social haitiano posea un precario desarrollo institucional, con una estructura polarizada por una minoría que aparenta tenerlo todo y una inmensa mayoría que tiene nada. Incluso, todo parece indicar que el Estado haitiano carece de ingresos fiscales suficientes: el presupuesto nacional se financia en un alto porcentaje de donaciones internacionales. Esta situación queda enmarcada por la presencia de fuerzas armadas bajo el mandato de Naciones Unidas en el territorio limítrofe al dominicano.
En medio de tan preocupante situación, emerge un problema central. La población haitiana, abandonada a su propia dinámica de confrontación y de relativa desorganización, genera un éxodo migratorio que se dirige por mar hacia territorio estadounidense, cubano, jamaiquino o de las Bahamas, sitios todos estos desde los cuales son devueltos de inmediato en cuanto son detectados; o bien, van por tierra hacia el territorio dominicano.
En efecto, la desestabilización institucional de Haití, aunada con la quiebra del modelo de producción agrícola minifundista y con la degradación de los recursos naturales renovables, ha incrementado sustancialmente los flujos migratorios ilegales y el tráfico ilícito de mercancías y de bienes hacia territorio dominicano.
De todos es conocido, sin embargo, que en cuanto foro internacional participa República Dominicana, ésta alza su voz para advertir lo que acontece en la hermana república y solicita una y otra vez la colaboración a favor del pueblo haitiano.
No obstante ese mensaje, entre las autoridades dominicanas predomina cierta indefinición alrededor los problemas que acontecen en el territorio patrio a raíz del incontenible flujo de inmigrantes ilegales procedentes de Haití.
Parece creerse erróneamente que el mero transcurrir del tiempo será capaz de hacer olvidar, o en la mejor de las hipótesis superar, las iniquidades que por razones de la presencia haitiana en República Dominicana vienen aconteciendo en y fuera del país.
Olvidan con ello, sin embargo, que el transcurrir del tiempo solamente da cuerpo a más alegatos y acusaciones en contra del país, a la vez que incrementa las injusticias sociales, provoca malestar a nivel comunitario y aleja la solución de los problemas.
Por tal motivo, porque el tiempo por sí solo es insuficiente para disipar y llegar a superar ciertos fenómenos sociales como los que actualmente acontecen en y fuera del país –a propósito de derechos humanos, prejuicios raciales, defensa de los inmigrantes, “genocidio civil”, trabajo decente, trata y tráfico de personas, entre otros--, urge que República Dominicana, como nación libre y soberana, solidaria de la República de Haití y respetuosa de sus compromisos y acuerdos internacionales, adopte una posición consciente y una política responsable ante la situación.
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